De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, el legislador se pronunció sin conocer en su totalidad el expediente judicial. Sostienen que el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Pedro Juan Caballero, a cargo del juez Edison Osmar Escobar, actuó conforme a la legislación paraguaya al dictar medidas cautelares para resguardar la integridad física, emocional y psicológica de la menor.
Según los antecedentes, la niña habría sido víctima de presuntos hechos de violencia atribuidos a su padrastro, quien actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. Durante la audiencia, ambos progenitores realizaron acusaciones recíprocas sobre presunto consumo de drogas y situaciones de violencia, por lo que el magistrado dispuso una medida de protección temporal bajo supervisión judicial.
Fuentes cercanas al caso señalaron que la entrega provisoria de la menor a una pareja allegada al padre se realizó con las autorizaciones correspondientes, bajo el acompañamiento de un defensor público especializado en Niñez y Adolescencia y con seguimiento del Consulado General del Brasil en Pedro Juan Caballero.
Asimismo, remarcan que todas las actuaciones continúan siendo monitoreadas por el Ministerio Público y los organismos de protección de la infancia, dentro del marco legal vigente en Paraguay.
Las críticas también apuntan a que el diputado brasileño habría emitido opiniones sobre un proceso cuya competencia corresponde exclusivamente a la Justicia paraguaya. Juristas consultados sostienen que cualquier revisión o modificación de las medidas de protección debe tramitarse dentro del expediente y mediante los mecanismos previstos por la legislación nacional.
La controversia surgió luego de que Geraldo Resende anunciara que solicitó explicaciones a autoridades diplomáticas y judiciales paraguayas y pidiera que la guarda provisoria de la niña sea entregada a su abuela paterna en Brasil.
Mientras tanto, la investigación continúa a cargo del Ministerio Público de Pedro Juan Caballero y las medidas de protección dictadas por el Juzgado de la Niñez permanecen vigentes hasta que existan nuevos elementos que justifiquen una eventual revisión judicial.
